Por ComunidadMujer

Los cambios demográficos han implicado una transformación del perfil de la población dependiente en Chile, observándose un aumento progresivo del peso relativo de los adultos mayores en relación con los adultos potencialmente activos, a lo que se suma su mayor longevidad y las necesidades de cuidado crecientemente más complejas que esto impone.

Siguiendo el análisis del Ministerio de Desarrollo Social (2017), en Chile 2 de cada 10 adultos/as mayores de 65 años presenta algún grado de dependencia o, lo que es igual, 386 mil adultos mayores tienen dificultades para resolver sus necesidades cotidianas. Como es de esperarse, a medida que envejecen, el nivel de dependencia aumenta sostenidamente, alcanzando a 4 de cada 10 adultos/as mayores de 80 años (Encuesta CASEN, 2015).

Aunque los niveles de dependencia leve son los más comunes e implican una menor y esporádica demanda de tiempo, como “Hacer compras o ir al médico” y “Salir a la calle”, en el marco del envejecimiento de la población y del aumento de la esperanza de vida, es creciente la demanda de cuidadores/as activos y disponibles diariamente a la resolución de necesidades básicas de la población adulta mayor.

En la mayoría de los casos –pero no en todos-, las personas mayores dependientes reciben ayuda. Acorde con el habitual modo chileno para la resolución del cuidado, habitualmente ese cuidador/a es otro miembro del hogar y, por tanto, realiza estas labores a través de jornadas de cuidado no remuneradas: un 80% de la población mayor de 65 años en situación de dependencia cuenta con un cuidador que reside en el mismo hogar, un 34,2% cuenta con un cuidador/a externo al hogar, además de ser cuidado por un familiar, y un 16,1% tiene exclusivamente un cuidador/a que no pertenece al hogar. Finalmente, hay un 4,5% de personas mayores que, aun siendo dependientes, no cuentan con ayuda de terceros, quedando en una situación de vulnerabilidad y abandono social que urge afrontar –alrededor de 16 mil personas-. (Encuesta CASEN, 2015).

Así, la Encuesta CASEN 2015 identifica que en Chile 270 mil personas cuidan a personas mayores con las que conviven en la realización de alguna(s) de sus actividades diarias básicas y/o instrumentales. Como es de esperar, esta responsabilidad está absolutamente feminizada, pues 7 de cada 10 cuidadores familiares son mujeres.

• En su mayoría, son mujeres adultas de 45 años o más. Especialmente relevante es la labor de cuidado que realizan las adultas mayores, pues un 30% de las cuidadoras tiene entre 60 y 74 años y un 15% tiene 75 años o más.

• Son mujeres que, en general, están inactivas en términos remunerados (67%). Aun así, 3 de cada 10 cuidadoras cumple, además, funciones de labores remuneradas.

• En términos educacionales, un 4% no tiene educación formal, un 35% alcanzó algún nivel de educación básica, un 44% alcanzó cursos de enseñanza media y un 17% ha hecho estudios de Educación Superior.

• La feminización del cuidado a personas mayores es transversal a todos los deciles de ingreso autónomo de los hogares. Sin embargo, en los deciles más altos dicha presencia disminuye considerablemente. De hecho, los primeros 3 deciles agrupan casi el 43% de las cuidadoras y luego su presencia comienza a descender sostenidamente hasta un 3% de mujeres cuidadoras que pertenecen al 10% de los hogares más ricos del país.

El cuidado de personas mayores dependientes, con alguna discapacidad o enfermedad, suele incluir labores que, muchas veces, demanda conocimientos específicos y que implican un alto desgaste físico y emocional. Por otro lado, desde el punto de vista de la persona dependiente, el cuidado forma parte de una necesidad y un derecho.

El diseño e implementación –aun en curso- de un Subsistema Nacional de Apoyo y Cuidados, representa avances positivos en esta materia, especialmente hacia una concepción colectiva sobre la responsabilidad del cuidado de las personas mayores y otros dependientes. Aun en articulación, esta medida instala el cuidado de personas mayores como un objeto de la política pública y se propone el tránsito “de una responsabilidad centrada en los hogares (y específicamente en las mujeres, como cuidadoras) a una corresponsabilidad entre los hogares, la comunidad y el Estado” (SENAMA, 2017). Entre otras medidas, el sistema se hace cargo de la necesidad de articular una red pública de establecimientos y servicios de cuidado, que hoy cuenta con 9 Establecimientos de Larga Estadía y 7 Centros de Día en funcionamiento o en proceso de construcción.

Si bien esta política presagia avances, es urgente robustecer la red pública pues la presencia de privados, con y sin fines de lucro, sigue siendo mayoritaria.  De acuerdo con el último catastro realizado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en 2012 había 726 Establecimientos de Larga Estadía, en los que residían 13.187 personas mayores. Solo un 2,6% de ellos era una Corporación de Derecho Público, mientras un 65,8% era institución privada con fines de lucro y un 31,5% pertenecía a instituciones, fundaciones o congregaciones religiosas sin fines de lucro (SENAMA, 2013).

Asimismo, cabe señalar que, contrariamente a lo ocurrido respecto del cuidado infantil, no se avizora la construcción de una concepción corresponsable desde la perspectiva del género para el cuidado de las chilenas y chilenos durante su vejez, optando por la implementación de centros de cuidado. Sin restarle relevancia a la institucionalización, es necesario, también, abordar este desafío con medidas dirigidas al ámbito doméstico y, en particular, aquellas que erradiquen las formas de división sexual del trabajo y los roles de género que persisten y siguen feminizando las jornadas de trabajo no remunerado.

Encuentra más información en el Boletín Mujer y trabajo: Cuidado y nuevas desigualdades de género en la división sexual del trabajo